En la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción se presentaron ayer a prestar declaración testifical Evelin Noelia Centurión Delgado, Del Rosario Aguilera Morel, Teresa Margarita Núñez de Mendoza, Andrea Verónica Benítez González, Luisa Mabel Díaz Brítez y Cristhian Emigdio Cáceres Duarte.
Todos son funcionarios de la Cámara de Diputados apostados en el despacho de Rivas.
Este nuevo caso de “caseros de oro” saltó en una investigación del diario Última Hora que reveló que Nery Antonio Franco González, en realidad, trabajaría a tiempo completo en la distribuidora Salto del Guairá, de Ybycuí, una empresa familiar del parlamentario cartista. El empleado cobra un salario de G. 3 millones en la Cámara de Diputados.
Por su parte, Lucio Romero Caballero sería capataz de una estancia en el distrito de Mbuyapey que pertenece a Tomás Rivas y percibe del Estado un salario mensual de G. 2 millones.
Por último, Reinaldo Chaparro Penayo cobra un salario de G. 2 millones en la Cámara Baja, pero realizaría tareas domésticas en el domicilio en Lambaré del legislador.
El fiscal Luis Piñánez citó a los funcionarios de la Cámara Baja puntualmente para que indiquen si conocen o no a los tres “funcionarios”.
Los seis testigos repitieron un mismo libreto, ya que Indicaron que Lucio es “secretario privado” del diputado, y los otros dos, Franco y Chaparro, son sus “choferes”, por lo que tendrían horarios “flexibles”. Con estas declaraciones, lo que se busca es armar coartadas a favor de los tres empleados teniendo en cuenta que desde la Cámara de Diputados ya se confirmó que ninguno de los “caseros” marca sus asistencia con el reloj biométrico. Ellos justifican sus “asistencias” con planillas, que son refrendadas por el propio Tomás Rivas.
Cómplice del cobro indebido
De confirmarse el planillerismo de los “caseros” del diputado colorado Tomás Éver Rivas, este sería pasible de un proceso como cómplice del cobro indebido de honorarios.
Se debe a que el parlamentario es el que refrenda las supuestas planillas de asistencias de Nery Antonio Franco, Reinaldo Chaparro y Lucio Romero Caballero, a sabiendas de que, en realidad, prestan servicios en su estancia, negocio y domicilio particular.
El fiscal Luis Piñánez realizará la pericia a los informes de las telefonías celulares para la “ubicación” real de los empleados.