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Además de Quesnel, la Fiscalía también acusó a la exdirectora administrativa del Indi, Marlene Mendoza, el presidente de la Fundación Reforeast Par, Óscar Viera y el funcionario del Indi René Otazo, cuyo defensor también faltó por bronquitis.
La acusación presentada por el fiscal René Fernández pide juicio oral y público para todos por lesión de confianza y apropiación, por el desvío de G. 3.100 millones que debían ser destinados a dos comunidades indígenas, como producto de un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos.
El dinero fue retirado de las cuentas de la institución, entre enero y febrero del año pasado por Quesnel y Mendoza. La millonaria suma, que debió beneficiar a dos comunidades indígenas del Chaco, fueron desviadas a la Fundación Reforeast Par, tras lo cual desapareció.
Según los datos, la ONG era la que iba a canalizar el cumplimiento de la sentencia a través de la entrega de víveres, alimentos y otros elementos de logística para ambas comunidades, pero tal cosa nunca ocurrió.
Paralelamente, Quesnel afronta otro proceso por la venta ilegal de 25.000 hectáreas, propiedad del Indi, en el distrito de Nueva Asunción, hoy Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, ocupadas por 19 familias de la parcialidad de los Ayoreo.