Luego de casi un mes de juzgamiento, las juezas Mesalina Fernández, Alba González y Gloria Hermosa condenaron a los exuniformados por el pedido y uso irregular de 186 tarjetas “free”.
Dichas tarjetas fueron proporcionadas por Petropar tras la firma de un convenio en febrero del 2015, para la provisión de combustible, lo que ocasionó un perjuicio patrimonial a la institución policial de 1.159.242.000 guaraníes. Por ello Alvarenga fue condenado por lesión de confianza en calidad de autor.
La jueza Gloria Hermosa explicó que Alvarenga tenía conocimiento de la solicitud, expedición y uso de las tarjetas innominadas, las cuales no se hallaban en el convenio que habían firmado con Petropar. Otro elemento en contra del excomandante es que se realizó una reunión con representantes de Petropar donde se trató el tema de las tarjetas innominadas en la propia comandancia a su pedido.
“El no control sobre ellas (las tarjetas) o la reglamentación sobre el uso de las mismas permitió el vaciamiento de las tarjetas sin que se destinen a su uso normal, la carga de combustibles a la flota de vehículos de la Policía”, indicó Hermosa. “El comandante ignoró sus obligaciones, la de supervisar y controlar el buen uso de las mismas como le obligaba el convenio, por ende el perjuicio no solo afectó al patrimonio de la Policía sino también al servicio de seguridad interna del país”. continuó argumentado la jueza.
Roberto Osorio fue condenado por lesión de confianza en calidad de cómplice y producción de documentos no auténticos en calidad de autor. El exsuboficial solicitó a través de notas que el mismo confirmó que las firmó en representación de su superior, solicitando a Petropar las tarjetas free. También era el encargado de contactar con los playeros.
Alvarenga es el tercer jefe de Policía condenado. El primero fue el Gral. Francisco Sánchez González (siete años) por el caso polifantasma y Niño Trinidad Ruiz Díaz (18), por la masacre del marzo paraguayo.
Remiten antecedentes
El tribunal de sentencia resolvió remitir los antecedentes de la actuación irregular del extitular de Petropar Rómulo Campos Krauer, de Vanessa Iribas y Pedro Román, también funcionarios de dicha entidad y que estuvieron al frente del convenio con la Policía Nacional.
Según sostienen, también deben ser investigados por el Ministerio Público, ya que fueron los que aprobaron y remitieron las tarjetas innominadas a la Policía, incumpliendo también de esa manera lo que reglamentaba el convenio firmado en febrero del 2015 que hablaba de tarjetas nominadas.