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Corte estudia inhibiciones en masa que trabaron el caso Sosa Palmerola

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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El proceso abierto al expresidente de Ára de Finanzas, Carlos Sosa Palmerola, es una de las diez causas auditadas por la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, cuyo reporte fue elevado al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. El caso, del que se han inhibido más de cuarenta magistrados, está paralizado hace casi un año.

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El 27 de noviembre del 2015 la fiscalía solicitó prórroga para presentar requerimiento conclusivo contra Sosa, inicialmente fijado para el 15 de diciembre.

El Ministerio Público alegó la necesidad de concluir una serie de diligencias pendientes para reunir más pruebas referentes al perjuicio estimado en US$ 14 millones, mediante operaciones irregulares en sucursales de Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero.

Tras la inhibición de más de cuarenta magistrados, el 12 de octubre del año pasado la Corte rechazó la impugnación de las procesadas Ninfa Thomas y María Beatriz Gil contra la resolución dictada el 11 de setiembre del año pasado por la Fiscalía General del Estado que rechaza la recusación contra los fiscales José Dos Santos, Josefina Aghemo y Hernán Galeano.

La Corte, integrada por la ministra Miryam Peña, Carlos Escobar, Arnaldo Martínez Prieto, Carmelo Castiglioni, Víctor Alfieri, Blanca Gorostiaga, Héctor Capurro, José Delmás y Paublino Escobar, también resolvió rechazar la impugnación del camarista Fabriciano Villalba contra la inhibición de sus colegas.

“Para ser magistrado, constituye condición indispensable acabado conocimiento jurídico, pero no solo dicho atributo, también debe tener la convicción y fortaleza para aplicar la ley, caso contrario se vuelve inocua la sapiencia jurídica. Resulta muy cómodo eludir las responsabilidades inherentes al cargo de magistrado”, advirtió Villalba entonces al solicitar a la Corte que verifique la actuación de sus colegas inhibidos.

Ahora la Cámara integrada con Villalba, Cristóbal Sánchez y Alejandrino Cuevas deberá expedirse con relación al pedido de prórroga extraordinaria.

El plazo para la investigación se cumplió en diciembre pasado.

Resolución pendiente

La apelación presentada por la fiscalía contra la SD del 18 de marzo pasado que hizo lugar a un hábeas data presentado por la fiscala Gladys González (pareja de Carlos Sosa Palmerola) contra la Superintendencia de Bancos y ordenó destruir informes sobre sus cuentas, sigue pendiente de resolución. La cadena de inhibiciones no permite integrar la sala.

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