La acordada 905/14 establece claramente que para el cargo de coordinador/a de Mediación se tiene que tener experiencia de tres años en el cargo de mediador.
Sin embargo, esta disposición fue ignorada por la propia Corte Suprema al nombrar en dicho cargo a las abogadas Natalia Monserrat Medina Yanho y Susana Florentina Aguilar Lezcano.
Según el legajo de las dos funcionarias, que obra en poder de nuestro diario, las mismas no tienen experiencia de tres años en el área de mediación.
Supuestamente accedieron al cargo gracias a la amistad que tienen con Denise Módica Bareiro, hija de la ministra Gladys Bareiro, responsable de la Dirección de Mediación.
Los nombramientos irregulares generaron malestar entre los funcionarios de dicha dependencia, que quedaron fuera de competencia, pese a cumplir con lo establecido en la acordada y haber realizado cursos de capacitación en universidades de nuestro país e incluso del exterior.
La denuncia hecha ante nuestro diario fue plenamente corroborada, mediante averiguaciones realizadas en el Poder Judicial.
De acuerdo al legajo de Natalia Medina, la misma fue nombrada coordinadora de Mediación de Capital y tiene flexibilidad en marcación, según el acta número 4 de 2015.
Por su parte, Susana Aguilar fue designada como coordinadora de Mediación de Interior y también tiene flexibilidad en marcación.
Los nombramientos de las dos abogadas ya se hicieron el año pasado y hasta ahora no cumplen los tres años de experiencia en Mediación, según exige la acordada.
Según los datos obtenidos en el Poder Judicial, tanto Natalia como Susana estarían percibiendo más de G. 8 millones mensual, en concepto de sueldo y otros beneficios adicionales.
Esperan medidas
Los funcionarios esperan que los ministros de la Corte adopten las medidas necesarias, para subsanar esta situación irregular.
La dirección de Mediación está a cargo de la Gladys Alfonso de Bareiro.
De acuerdo a la denuncia, la misma tiene asignada en su despacho a su hija y su yerno.
Las medidas correctivas ante la clara violación de la acordada, deben ser tomadas por el más alto tribunal de la República, presidido actualmente por la ministra Alicia Pucheta de Correa.