Sería por demás interesante que el actual presidente de la Corte, Antonio Fretes, y el fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, se pronuncien sobre la presencia de jueces y fiscales masones, por ser de interés ciudadano.
En un dictamen emitido por el Jurado, en noviembre del año pasado, se declaró la incompatibilidad absoluta de los jueces para ejercer la masonería al mismo tiempo que la función jurisdiccional.
“Esta situación adquiriría ‘ribetes inconmensurables’ cuando analizamos desde la perspectiva de una función estrictamente jurisdiccional, ya que sabido es que los jueces tienen el deber de administrar justicia con imparcialidad e independencia y evitar cualquier suspicacia que ponga en entredicho los valores de orden constitucional cuando se alega y prueba la pertenencia del magistrado a una asociación (masonería) cuya finalidad y vinculación con otros estamentos como el judicial, se desconocen, precisamente por el carácter reservado de sus actos ante la sociedad”.
En el caso de los fiscales afecta su objetividad, declaró el Jurado.
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La masonería es equiparada a las llamadas asociaciones, y la Constitución Nacional prohíbe a jueces y fiscales integrar este tipo de grupos.
Brindar listas
El Jurado también hizo alusión a la jurisprudencia internacional, en el sentido de que se dé a conocer la lista de los masones, jueces, fiscales y abogados, que intervienen en la justicia, ya que en Europa, por ejemplo, también se dieron los casos de injerencia masónica en los tribunales.
En Europa el Estado tomó la determinación de publicar las listas de los magistrados masones, porque el interés del ciudadano es superior y es el que debe resguardarse, ya que es a quien se debe brindar justicia.
Sin embargo, los masones salen al paso diciendo que entonces se debería solicitar las listas de jueces cerristas, católicos, homosexuales, colorados, entre otros grupos. Sin embargo, la distinción entre los miembros masones y los grupos citados es que en las logias hay una situación de subordinación y obediencia del “hermano” con menos grado hacia los grandes masones. Esto no ocurre con otros tipos de grupos.
La postura en que prácticamente todos coinciden es que cuando un juez masón tiene a su cargo una causa y en ella interviene otro fiscal masón, e inclusive un abogado de estas logias, debería el magistrado apartarse. Pero la pregunta es cómo saber si qué juez, fiscal o abogado es masón si no existe previamente una lista de los miembros de la hermandad.
Masonería “kelembu”
Desde la Coordinadora de Abogados del Paraguay, cuya titular es Kattya González, se había denunciado la grosera injerencia de la masonería en la justicia. Solo se unen para formar grupos de poder y así sacar provecho para beneficio propio, dijo en su momento la abogada.
Kattya tachó de “masonería kelembu” a los “hermanos” que conforman las diferentes logias porque sus miembros ya hace tiempo dejaron de ser honorables e intachables, como en algún tiempo se exigió para pertenecer a estas cofradías.
Kattya igualmente denunció que las masonerías no eran más que “asociaciones ilícitas para delinquir”. Se constituyen para traficar influencias, acusó la profesional letrada.