Costo de corrupción es G. 725.000 millones

El Ministerio Público investiga a políticos, exadministradores y actuales del Estado por denuncias en las cuales se habla de perjuicios a nuestro país por valor de G. 725.000.000.000. Así dijo ayer el fiscal general, Javier Díaz Verón, quien además indicó que se puede investigar el despilfarro en los viajes de parlamentarios, pero que aguardan dictamen de Contraloría.

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“La delincuencia no es una cuestión de que uno sea político o no. La delincuencia es una cuestión de que uno haya cometido o no un hecho punible. Nosotros no inventamos esos hechos punibles”, respondió Díaz Verón al ser consultado si la fiscalía siente presión para imputar a poderosos.

Añadió: “La línea institucional del Ministerio público, de la Fiscalía General del Estado en relación con estas investigaciones es de tolerancia cero y nos remitimos a las pruebas. En es sentido estamos actuando”.

Defendió la labor del Ministerio Público. “Soy consciente de que los agentes fiscales en primer lugar son valientes, porque para tomar las decisiones que han tomado tienen valentía que creo que es el requisito más importante para ser agente fiscal”.

Luego justificó: “Nos remitimos a las veintenas de investigaciones que están realizando a políticos, a administradores de gobiernos anteriores y de turno”.
Ante esta respuesta de Díaz Verón se le consultó si la fiscalía indagará de oficio a los legisladores que viajaron en algunos casos con dinero del Estado a eventos que nada tenían que ver con su labor, y en otros, cobraron los viáticos y ni siquiera acudieron a los cursos que dijeron iban a participar.

“Se puede actuar de oficio. Las instituciones tienen que ser responsables de sus actos”, dijo.

En la última parte de su declaración aludió a la Contraloría.

“Acá existe una institución que debe cumplir prima facie el trabajo que luego debe continuar la fiscalía; esa institución se llama Contraloría General de la República”, enfatizó.

Añadió: “Una vez que realice el trabajo de rigor y determine que esos viáticos se cobraron y que no se corresponde a la materia en sí o definitivamente no existió tal viaje, ahí tendría que determinarse si es una cuestión administrativa o un hecho punible”.

Concluyó: “Si resulta que es un hecho punible se remiten los antecedentes a la Fiscalía General del Estado”.

Los casos

Los casos emblemáticos son los de los diputados Carlos Portillo y Jorge Baruja, quienes devolvieron sus viáticos luego de las publicaciones periodísticas. En el primer caso el legislador no viajó y en el segundo, si bien lo hizo, fue mucho antes del evento al que comunicó que iba a asistir.

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