Crisis penitenciaria no se solucionará con “parches”

La crisis del sistema penitenciario no se resolverá únicamente con más cárceles y militares, afirmó la abogada y socióloga Diana Vargas, quien aboga por medidas de fondo y no solo “parches”. Modificaciones legales, trabajo en reinserción y dignificación de las condiciones de reclusión son esenciales.

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“Si persisten estos niveles de corrupción dentro de las cárceles, ni aunque llenemos de militares las veredas o el perímetro no va a resolver en absoluto. Hay que reconocer que hay corrupción en todos los niveles, entonces hay que establecer mecanismos serios de control, también designar a personal con conocimiento, compromiso y experiencia en el tema. Eso es clave, no pueden seguir designando solamente con base en criterio político partidario”, indicó.

Vargas, quien fue comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), destacó además la necesidad de que el artículo 245 del Código Procesal Penal vuelva a su redacción original y que el juez tenga de nuevo la potestad de aplicar o no medidas alternativas o sustitutivas de prisión, según el caso.

Destacó la necesidad de empezar a trabajar con agentes de inserción social, funcionarios técnicos, formados en pedagogía, psicología y trabajadores sociales, que realmente realicen un proceso de integración social.

“Si solamente creemos que con agentes penitenciarios, con mano dura, con eso vamos a resolver, es el camino equivocado”, dijo.

La profesional expresó que si bien es necesario dignificar las condiciones edicilias de los penales, le preocupa que el proyecto de ley por el cual el Ejecutivo plantea la construcción de cárceles sea la única medida.

Explicó que la actual capacidad de los penales en conjunto es de 6.000 personas, pero hay 16.800 personas privadas de libertad. “En Paraguay hay un promedio de que por año ingresan 1.200 personas. Entonces no va a haber manera a menos que sigamos construyendo 6 cárceles por año, con lo costosísimo que es para albergar a prevenidos, a personas que se le presume su inocencia, a las que les causamos mucho daño y 3 o 4 años después cuando resulta que salen en libertad por sobreseimiento, compurgamiento de pena mínima y esa persona tiene que volver a la sociedad, nadie le quiere dar un trabajo. Entonces ¿qué les queda? Es tremendo el círculo vicioso que estamos creando”, afirmó.

“Espero que las medidas que se tomen desde los tres poderes del Estado sean realmente abordando los factores que propiciaron que lleguemos a este nivel de crisis: Que no sea un simple maquillaje y que abordemos el fondo de la cuestión: que es dejar de violar los derechos humanos de las personas que están bajo custodia del Estado”, acotó.

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