El abogado Roberto Bernal Ramírez explicó que la denuncia presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es por prevaricato y mal desempeño de funciones.
Es con relación al arresto domiciliario que le concedió la magistrada el 14 de abril pasado al menor Arturo Ramón C., y por la misma medida con la que benefició tres días después al otro menor Fernando Francis M. D.
Este último confesó ante la fiscala Francisca Gómez haber apuñalado a David Bonifacio para robarle su celular y también contó que vendió el teléfono por G. 100.000.
En tanto que el primero manejaba la motocicleta utilizada para consumar el mortal asalto.
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La familia del estudiante asesinado también cuestiona el hecho de que la jueza haya liberado sin siquiera una fianza a los otros involucrados en el caso, como los que compraron el teléfono sustraído.
Igualmente, la querella se quejó de que la jueza García de Zúñiga no haya dado curso procesal a varias acciones planteadas por la familia de la víctima.
Defiende su fallo
Por su parte, la jueza María Fernanda García de Zúñiga había alegado que se vio obligada a concederle el arresto domiciliario a los dos “motochorros” asesinos porque nuestra ley es muy benevolente con los menores. Después aseguró que va a defender su fallo porque actuó en derecho.