Las afectadas por la denuncia por mal desempeño de sus funciones son la jueza Penal de la Adolescencia de Luque, Carmen Rossana Romá, la jueza de Ejecución de Central, Rosalía González, y la fiscal de Unidad Antidrogas de San Lorenzo, Lourdes Bobadilla.
La acusación planteada ante el JEM señala que las funcionarias ejecutaron el operativo en la correccional de menores con absoluto desconocimiento de las leyes nacionales y normas internacionales.
En el irregular procedimiento utilizaron armas de grueso calibre y excesiva violencia, en los pabellones destrozaron los bienes de la institución y de los adolescentes.
El régimen penal de los jóvenes difiere al de los adultos, porque conforme a principios internacionales de Justicia penal juvenil se aboca a la reeducación del adolescente y su reintegración y reinserción en la familia y la comunidad.
El ministro de Justicia, Ever Martínez informó al presidente de la Corte Suprema sobre los hechos acontecidos en el CEI. Asimismo, solicitó que los funcionarios denunciados sean procesados por mal desempeño en sus funciones, puesto que demostraron ignorancia de las leyes en su actuación.