Romero Gómez dijo que la Corte Suprema, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Cámara de Diputados de entonces le presionaron y persiguieron por haber decretado la detención de un legislador que fue sorprendido pidiendo coima de 20.000 dólares americanos. Se trataba del entonces diputado Julián Sosa.
Según los antecedentes, el legislador de entonces exigió la coima a colonos brasileños para frenar un pedido de expropiación de una finca del distrito de Naranjal, ocupada por 15 familias brasileñas.