La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tomó esta determinación tras una polémica donde tres entes, Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Aduanas y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) exigieran la cabeza de Estefanía González, porque intentó liberar un cargamento de azúcar que supuestamente era de contrabando.
Esto generó, inclusive, unas polémicas declaraciones de la agente fiscal que justificó que liberó los 3.200 kilos de azúcar decomisados en Arroyos y Esteros en diciembre del año pasado y que pertenece a la empresa Granos y Cereales S.A., tras una minuciosa investigación de la que participaron varios entes, entre ellos el MIC.
El Ministerio, por su parte, alegó que la fiscala se extralimitó al liberar una carga sin que concluya un sumario administrativo.
La fiscala González también declaró que lamentaba el “manoseo” de su trayectoria y que salió por la “puerta de atrás”, sin respaldo de su jefa, mientras otros fiscales fueron grabados pidiendo coimas y son protegidos en Fiscalía General.
El fiscal Édgar Sánchez, por su parte, tiene sus críticos porque desde hace tiempo se muestra abiertamente masón y justifica esa condición.