Además de Duré, están acusados por lesión de confianza Luis Ignacio Ortigoza, expresidente del Indert, y Justo César Gamarra, miembro del Consejo.
También afrontarán el juicio los peritos del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Blanco y Mario Echeverría, quienes habían sobrevaluado el bien que en realidad pertenece a la familia del senador Jorge Oviedo Matto.
Los acusados habían apelado la fijación del juicio oral y público con la excusa de que la elevación a juicio oral del juez Rubén Riquelme no estaba firme debido a que fueron presentadas, casación y acción de inconstitucionalidad.
El tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza (presidente), Laura Ocampo y Jesús Riera (miembros titulares), señaló para los días miércoles 9, jueves 10, viernes 11, lunes 14, martes 15, miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de noviembre próximo, el juzgamiento y esto fue ratificado por la Cámara.
Los camaristas Delio Vera Navarro, Anselmo Aveiro y José Agustín Fernández, de la Segunda Sala, inclusive, advierten en el fallo que los planteamientos tienen un propósito obstructivo.
“Se evidencia en consecuencia un propósito meramente obstructivo y dilatorio de los recurrentes, quienes pretenden postergar la realización de un acto procesal en donde tendrán la más amplia posibilidad de ejercer los derechos y facultades conferidos en la ley, por lo que corresponde sin más acotaciones confirmar la providencia apelada y remitir estas actuaciones de inmediato al tribunal de sentencia, a los efectos de la realización del juicio oral y público fijado en el presente procedimiento”, se desprende de los argumentos referentes a la casación pendiente en la Sala Penal de la Corte.
Respecto a la acción de inconstitucionalidad, la resolución es clara al indicar que ésta no impide la prosecución del caso.
El diputado liberal Pedro Milciades Duré está siendo representado por los abogados José Casañas Levi y José Antonio Valenzuela Pavón.
Por su parte, el extitular del Indert Luis Ortigoza tiene como abogados a Álvaro Arias y Justo César Gamarra, exconcejal, por el abogado Fabio Arámbulo.
Ofrecieron G. 216 millones
Los acusados por el negociado y la “tragada” de casi G. 48.000 millones en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) con la compra de inmuebles inservibles para la reforma agraria de la firma San Agustín, solo ofrecen una “reparación social” de G. 216 millones durante la audiencia preliminar.
El juez Rubén Riquelme rechazó un pedido de suspensión condicional del procedimiento por el ínfimo monto a reparar y los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo, de Delitos Económicos, se opusieron a esa salida.