La primera convocatoria para este juicio se fijó para mayo del 2016 y desde entonces, se ha truncado nada menos que en once ocasiones, en su gran mayoría a causa de chicanas promovidas por la defensa.
Recusaciones contra jueces, fiscales y camaristas son los principales recursos utilizados por la defensa de Quesnel para no rendir cuentas ante la justicia de sus actuaciones al frente del Indi.
La última convocatoria fue el 2 de febrero pasado, pero fue postergada a raíz de una recusación presentada por Quesnel contra el tribunal de sentencia presidido por Víctor Alfieri e integrado por María Luz Martínez y Elio Ovelar y los fiscales René Fernández y Luis Piñánez.
En ocasión de rechazar la recusación contra los magistrados, el Tribunal de Apelación, 4ª sala, declaró a Quesnel litigante de mala fe. Anteriormente, su defensora Melissa Estigarribia fue sancionada con una multa de 50 jornales y el abogado Antonio Granada (defensor de Marlene Mendoza) con una amonestación.
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Además de Quesnel, también están acusados por lesión de confianza y apropiación Marlene Mendoza, Éver Otazo, exadministradora y funcionario del Indi, en ese orden, y Óscar Viera, expresidente de la Fundación Reforeast Par.
Estas personas, según la acusación presentada por el fiscal René Fernández, se apoderaron de G. 3.127 millones que el Indi debía utilizar para la compra de tierras para las comunidades Sawhoyamaxa y Yakye Axa del pueblo Enxet, en cumplimiento de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005 y 2006).
El retiro irregular del dinero –G. 3.127.191.812– se materializó a través de cinco extracciones realizadas por Quesnel y Mendoza en menos de un mes, entre enero y febrero del 2013 y jamás se recuperó ni un guaraní.
Condena por causa anterior
El expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) Rubén Darío Quesnel ya tiene una condena de 6 años y medio de prisión, y se encuentra recluido en el penal de Tacumbú, en cumplimiento de la referida sentencia. El juicio que concluyó con su condena tiene relación con la reventa ilegal de un asentamiento indígena que fue adquirido en 1996 por G. 1.250 millones. La Justicia determinó que Quesnel había autorizado su venta en el 2012 por el mismo precio, que sería apenas el 5% de su valor real actual.