En la mira de la Corte, producción de exjueces contratados como asesores

La Corte Suprema de Justicia podría expedirse esta semana sobre la pertinencia de mantener la contratación de exmagistrados que fungen de asesores en el Poder Judicial. Son siete exmagistrados de distintos fueros, todos jubilados, cuya producción está en tela de juicio.

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La lista de asesores incluye a los excamaristas Arnaldo Samuel Aguirre, Carlos Bray Maurice, Fremiort Ortiz Pierpaoli, Basilicio García, Olga Talavera Torres, Gerardo Báez Maiola y el exjuez de ejecución de sentencia Isacio Cuevas.

La desvinculación de los mismos fue propuesta en la sesión del 19 de marzo pasado por el ministro Manuel Ramírez Candia, por considerar que no tenía razón de ser que se siguiera pagando por esa asesoría, puesto que la finalidad de la misma era que prestaran servicio a la Dirección Jurídica, pero la misma informó que dichas personas no cumplen función alguna en dicha repartición judicial.

La ministra Gladys Bareiro puso en tela de juicio la necesidad de dichas contrataciones, pues para ello está la Dirección Jurídica.

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En la sesión del 9 de abril pasado, el ministro Eugenio Jiménez puso nuevamente el caso a consideración del pleno, tras expresar su preocupación por el déficit existente en el presupuesto y el excesivo costo que representa dichas contrataciones para el Poder Judicial.

Fretes abogó por Cuevas y García, porque trabajan en su gabinete y pidió que continúen por lo menos hasta fin de año.

Los ministros Luis María Benítez Riera y Miryam Peña pidieron escuchar a los afectados antes de tomar una decisión, que fue lo que se acordó finalmente.

G. 70 millones por trabajo

“Yo no me opongo a que se pida el informe correspondiente, de hecho ya viene ese informe (...). En todas las situaciones cobran aproximadamente G. 70 millones y pico por año y en la mayoría de los casos no forma parte de asesoría jurídica y en otro se presentó un informe de productividad que consiste en seis trabajos en seis años, entonces es una suerte de cobrar G. 70 y pico de millones por cada trabajo”, dijo Jiménez Rolón.

“Entonces, yo no me opongo a que se profundice más esto, pero lo que quiero significar es que hay que tener en cuenta cuál es la realidad: son jubilados, no le vamos a sacar el sustento, que se ganaron con mucho mérito. Acá solo estamos hablando si se justifica para el Poder Judicial seguir teniendo esa erogación y hay que recordar que nuestro presupuesto tiene un déficit multimillonario”, acotó el citado miembro de la Corte.

A favor de la rescisión del contrato

Manuel Ramírez Candia: “Hay que rescindir estos contratos. El informe es bastante elocuente en el sentido de que no hay una actividad concreta de parte de estos señores”.

Gladys Bareiro: “Es preocupante. ¿Cuál es el rol y el motivo de estas contrataciones, de índole jurídica únicamente, teniendo el rol de la Dirección Jurídica”.

Eugenio Jiménez: “Ellos ya están cobrando su jubilación”.

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