Una investigación por supuesto crimen contra el sistema financiero del Brasil incluyó a varios directivos del citado banco -propiedad del presidente Horacio Cartes- que hasta el año 2004 ya había alcanzado a por lo menos 250 personas. El seguimiento fue conocido como “cuentas laranjas” o de testaferros, utilizados para ingresar gruesas sumas de dinero al Brasil y remesarlos a otros destinos.

“Está para controlar los gastos”

Por otro lado, el ministro de la Senad, Luis Rojas, reveló ayer que el ejecutivo bancario, además de participar en las operaciones tácticas contra el EPP, tiene también la misión de “controlar los gastos” de las fuerzas de seguridad, lo que acentuó aún más la ruptura en el seno de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), conformada por policías y militares, ya que se preguntan por qué un empleado privado tendría que actuar de contralor de los organismos estatales.

Rojas, quien dio a entender que Portillo es mejor “combatiente” que varios de los policías y militares movilizados en el Norte, insinuó que la lucha contra el EPP implica un lucro desmedido para los uniformados, que retrasan la exterminación de la banda porque se benefician con los fondos destinados por el Gobierno.