Las estadísticas nos enrostran en la cara una cruda realidad: nada cambió en los últimos diez años. La cifra de víctimas de abuso sexual no disminuyó sino que se mantuvo en forma constante.
Los casos son desgarradores e indignantes, en especial cuando pudieron haberse evitado.
Además, solo en 2017 la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) detectó 34 formas de abusos contra menores.
Falta de entendimiento
Uno de los impedimentos para la protección inmediata de un niño es la falta de entendimiento de los actores (unas diez instituciones) que deben poner en práctica todo lo establecido en la Ley 1680. Entre todas se tiran la pelota.
Falta de prevención
La falta de entendimiento desarticula la prevención. Por esto sigue siendo un desafío, así como el fortalecimiento de una oficina clave: las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), cuyos funcionarios –si es que los hay– deben mendigar a las intendencias recursos básicos.
El mal funcionamiento de las Codeni a nivel país es consecuencia del desinterés de intendentes y gobernadores, corresponsables de lo que les sucede a los niños en sus comunidades (Art. 49/Ley 1680).
La mayoría de los graves casos de abuso sexual registrados y que tomaron estado público ocurrieron en el interior del país.
La esperanza, entre tanto, se desvanece, observando que los candidatos que pugnan por los cargos regionales, legislativos y presidenciales no tienen entre sus prioridades planes para volver más efectiva la protección integral de la niñez.
También se requiere con urgencia fortalecer el sistema jurisdiccional –Juzgados, Fiscalía, Defensoría–, y que estos sean más diligentes.
Falta de recursos
En todas las instituciones que componen el sistema de protección de la niñez los recursos son míseros. En el caso de las municipalidades queda a plena voluntad de los intendentes y concejales.
El ministro de la SNNA, Ricardo González Borgne, dijo que esta cruda realidad urge la modificación del Código para actualizarlo, de manera que la protección sea más operativa y efectiva.
Agregó que se quiere que las políticas de protección sean sistematizadas y sostenibles. “Precisamos que los planes trasciendan gobiernos”.
Como debilidades mencionó que se encuentran con Codeni “que solo atienden hasta las 5 de la tarde”, cuando la protección del niño no conoce de horarios.
También “necesitamos atención permanente en la Corte y en la Defensoría Pública”. Esta última, según el Código, debe velar por los derechos de los menores e incluso actuar de oficio.