Según informó el Ministerio del Interior, las mujeres eran captadas en Paraguay y trasladadas a España por la organización, que las obligaba a ejercer la prostitución en dos clubes de alterne situados en la provincia de Cuenca.

Con esa labor tenían que saldar una deuda de entre 3.500 y 4.000 euros por los gastos generados por su traslado, equivalentes a entre 4.750 y 5.400 dólares al cambio actual.

En la operación fueron detenidas ocho personas y cerrados dos clubes de alterne, así como un hostal-restaurante anexo a uno de estos locales. Entre los detenidos figuran los dos cabecillas de la banda, un español y su pareja sentimental de nacionalidad paraguaya, así como el hijo del primero. Este se encargaba de recoger a las mujeres a su llegada y de controlarlas mientras trabajaban en los clubes nocturnos.

Buscaban jóvenes en situación precaria en Paraguay, a quienes convencían para viajar a España. Luego les imponían una deuda que debían saldarla con el ejercicio de la prostitución bajo un estricto control.
Otra de las medidas de presión que adoptaban era la retirada de su documentación personal y también aleccionaban a las mujeres sobre cómo debían actuar en caso de que la policía realizara algún control.