El juez penal de garantías Rubén Darío Riquelme ordenó la elevación de la causa a juicio oral y público para el expresidente del Indert Ortigoza y el diputado Duré, quienes enfrentarán el proceso por lesión de confianza, en grado de autores, por el pago de casi G. 48.000 millones por las 5.700 hectáreas que adquirió el ente de la firma San Agustín.

En la audiencia preliminar el juez Riquelme rechazó el incidente de extinción de la acción por conciliación que planteó Ortigoza.

No se demostró que el extitular del Indert haya reparado el daño ni llegado a un acuerdo con la entidad que administró, indicó el juez.

Riquelme rechazó el pedido de sobreseimiento definitivo que solicitó el defensor Álvaro Arias, en representación de Ortigoza.

El juzgado le impuso al defensor Arias fianza personal por G. 1.000 millones. Dicho monto deberá ser cambiado en 20 días por un inmueble, que deberá cubrir el valor total de la fianza, de lo contrario Ortigoza iría a prisión.

El juez Riquelme de igual manera rechazó el incidente de nulidad de la acusación que planteó Duré. El magistrado explicó que el Ministerio Público le dio oportunidad suficiente para ejercer su defensa a través de la declaración indagatoria.

El magistrado también rechazó el cambio de calificación del hecho punible que solicitó Duré y se mantendrá la lesión de confianza agravada, cuya expectativa es de hasta diez años de cárcel.

En el caso de los peritos tasadores quienes habrían avalado la sobrefacturación de la propiedad, Blanco y Echeverría, enfrentarán juicio oral por el hecho punible de promoción fraudulenta de inversiones, que tiene una expectativa de hasta 3 años de prisión o multa.

Blanco y Echeverría solicitaron acogerse a la suspensión condicional del procedimiento, y para ello ofrecieron donaciones y servicio de enseñanza gratuita.

Los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo se opusieron en la audiencia a la suspensión condicional.

El legislador parlasuriano Emanuel Friedmann también fue imputado, pero hasta ahora no fue desaforado.