Fiscala indaga colosal perjuicio al Estado con venta de tierra del Indi

La fiscala Alba Delvalle solicitó sendos informes que guardan relación con un inmueble de 25.000 hectáreas en el Chaco, propiedad del Indi, que se vendió el año pasado en G. 1.250 millones, o sea, a G. 50.000 la hectárea. Está en la mira el titular de la institución, Rubén Darío Quesnel Velázquez, quien concretó la presunta fraudulenta operación. Se habla de toda una rosca.

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La agente del Ministerio Público solicitó informes a la Procuraduría General y al Indi sobre los antecedentes del inmuebles. También al juez Hugo Bécker, en donde se tramitó una acción de nulidad con relación a la transferencia de la finca 10.245.

La denuncia había sido presentada por los abogados Óscar Ayala, Julio Cabello y Maximiliano Mendieta, por el hecho punible de lesión de confianza, que el Código Penal castiga hasta con 10 años de penitenciaría.

Según la denuncia, el presidente del Indi enajenó una propiedad que está fuera del comercio, razón por la que no está habilitado a realizar tal operación. “De corroborarse la venta, se habría privado a la comunidad indígena Cuyabia del pueblo Ayoreo, del goce y ejercicio de sus derechos territoriales sobre sus tierras, donde están asentadas 19 familias, así como grupos de Ayoreo que se encuentran viviendo en estado de aislamiento voluntario”, señala el escrito.

Enfatizan los denunciantes que se pone en riesgo la supervivencia de la comunidad indígena como colectivo, teniendo en cuenta la aspiración constitucional de disponer que las tierras ancestrales sean destinadas, gratuitamente, a nombre de los pueblos y comunidades indígenas a fin de ser utilizadas conforme a sus formas peculiares de vida.

El titular del Indi en su descargo ante el Ministerio Público pretende hacer creer que el precio de G. 1.250 millones por el cual se vendió el inmueble de 25.000 hectáreas es razonable. Supuestamente la propiedad está en litigio judicial.

Sin embargo, de acuerdo al informe de Registro Público y de las resoluciones judiciales, la propiedad está a nombre de la institución.

El Ministerio Público también tendría que recabar informes sobre la capacidad económica de la compradora, Julia Beatriz Vargas Meza, con CI N° 1.865.770 y fija domicilio en Ciudad del Este. La transferencia se hizo el 2 de noviembre del año pasado ante la escribana Justina Maribel Esteche.

La propiedad tendría un valor millonario y se vendió en un precio irrisorio, según las fuentes.

EXPEDIENTE CIVIL

El 19 de diciembre de 2006 el abogado Luis Martínez Barboza, en representación de Eugenio Sanabria Cantero e Hilda Barrios de Sanabria, promovió la demanda contra Annelise Gutermann de Meiser y solicitó la nulidad del acto por el cual se transfirieron las 25.000 hectáreas a favor del Indi.

El 25 de agosto de 2010, por Auto Interlocutorio Nº 960, el juez Bécker hizo lugar a la prescripción que planteó la defensora de pobres y rechazó la demanda que promovió Sanabria Cantero.

El 1 de noviembre, por Auto Interlocutorio 1985, el magistrado Bécker levantó la medida cautelar y el 2 ya se transfirió el valioso inmueble.