Fiscala pagará costas de juicio por insistir en salida procesal injustificada

La agente fiscal Victoria Acuña deberá pagar las costas (gastos de juicio) derivadas de una apelación infundada. Así lo resolvió el Tribunal de Apelación 1ª sala al ratificar una resolución dictada por la jueza penal de garantías Leticia Paredes el 5 de febrero pasado.

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En la fecha indicada, la magistrada otorgó el sobreseimiento definitivo al funcionario de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) Evelio López Kiese, una de las 40 personas procesadas por lesión de confianza en un supuesto caso de corrupción con recursos de la Essap y que, según la Fiscalía de Delitos Económicos, habría causado un perjuicio de G. 17.000 millones a la institución.

Esta decisión fue apelada por la fiscala Acuña, quien planteó criterio de oportunidad para el referido imputado –sindicado como cómplice–, al que atribuía la no rendición de cuentas de G. 1.800.000 para la participación en un seminario. Posteriormente, el abogado Jorge Vasconsellos solicitó el sobreseimiento definitivo del mismo, previa rendición de cuentas del monto referido.

“Es menester mencionar que del análisis de autos no surge elemento alguno que nos permita considerar otros elementos que no fueron estudiados por la a quo para tomar la decisión; y en relación a aquellos expresados por el Ministerio Público en su escrito de apelación, no dan pie para entender que los hechos que le son atribuidos al imputado inicialmente hayan sido comprobados en la investigación”, concluye el fallo firmado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos,.

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“Esta magistratura considera que la presente cuestión ya fue suficientemente debatida en la audiencia preliminar, como para que de la claridad del debate y de la fundamentación de la resolución judicial el Ministerio Público encuentre ya suficientemente agotada la discusión. Así las cosas, no resulta procedente la persistencia de la agente fiscal ante una decisión judicial correctamente fundamentada”, argumenta el Tribunal, al resolver imponer las costas a la agente fiscal.

Antecedentes

En la imputación que dio origen al proceso, la Fiscalía refiere que en el periodo fiscal 2015 al 2016 el entonces presidente de la Essap, Osmar Ludovico Sarubbi Gamarra, habría firmado órdenes de pago y cheques para la adquisición de productos y servicios en carácter de anticipos de fondos a rendir, cuyos montos superaban ampliamente el límite para el efecto y además carecían de contraprestación.

También por negligencia

En marzo pasado, la sala penal de la Corte anuló una condena de 10 años y sobreseyó a Gregorio Manuel Maldonado tras constatar que la acusación se presentó fuera del plazo e impuso las costas del caso a la fiscala Fátima Capurro. A raíz de esta decisión, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pidió los antecedentes del caso y la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial inició una investigación sobre la responsabilidad de los magistrados intervinientes en el caso.

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