La terna para el cargo de fiscal electoral de Paraguarí, cuya titular hasta ahora es Liz Pérez Idoyaga, quedó conformada con los abogados Humberto Duré Quevedo, Rolando Críspulo Rivas y Mirta Patricia Silva Osorio.

La decisión fue tomada tras una larga sesión ayer a la tarde del Consejo de la Magistratura, durante la cual se tomó en cuenta que la fiscala se encuentra con un proceso penal de larga data.

La fiscala está imputada desde el 4 de noviembre de 2009 por estafa y apropiación, por cobrar a nombre de funcionarios de la Justicia Electoral. Su caso llegó a etapa de audiencia preliminar para definir si la causa se eleva a juicio oral y público.

Sin embargo, la audiencia fue suspendida en reiteradas oportunidades.

Pérez fue imputada por el entonces fiscal anticorrupción y actual senador Arnaldo Giuzzio, tras el hallazgo de 10 tarjetas de débito de supuestos planilleros, durante una intervención realizada en su oficina en noviembre del año pasado. Fue suspendida por la Fiscalía General del Estado durante 90 días, tal como lo establece la ley orgánica del Ministerio Público, pero no por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Esto permitió que reasuma su función como fiscala aunque fue trasladada del área electoral.

Actualmente está en la unidad del Ministerio Público en San Juan Bautista Misiones, específicamente en el área civil.

Vacancia del cargo de Arregui

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, comunicó ayer la vacancia del cargo de fiscal adjunto de Capital que estaba a cargo de Carlos Arregui.

Este abogado presentó renuncia a su cargo, luego de que el fiscal general, en una cuestionada decisión, resolviera trasladarlo como fiscal adjunto de Central.

En su reemplazo fue nombrado el fiscal adjunto Federico Espinoza.

A Díaz Verón se lo cuestionó ante la sospecha de que hubo una fuerte presión política para sacar a Arregui del cargo debido a que avaló imputaciones a diputados y senadores.