Los agentes fiscales urgen periódicamente a la Corte Suprema los procesos contra torturadores, pero la máxima instancia cajonea los expedientes. En aproximadamente un año, los agentes presentaron una docena de escritos.

El caso que lleva el fiscal Santiago González Bibolini es contra el excomisario Eusebio Torres Romero, quien fue imputado por torturas por los apremios físicos que sufrieron tres presos políticos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, entre los años 1975 y 1976.

Resultaron víctimas Carlos Ernesto Casco, Luis Alberto Casco y Teresa Dejesús Aguilera de Casco, detenidos de manera ilegal.

El agente no pudo inclusive solicitar la prisión preventiva porque el código beneficia a Torres por su avanzada edad (80 años). Sin embargo, los hechos, al ser de lesa humanidad, son imprescriptibles.

Torres planteó su primera chicana contra el acta de imputación, lo que fue suficiente para dilatar la causa y la Corte le da una “manito” al no destrabar.

En idéntica situación está el caso que lleva la fiscala Liliana Zayas.

La agente imputó a diez represores y entre ellos también está Eusebio Torres Romero.

Completan la nómina de imputados Juan Aniceto Martínez, Agustín Belotto Vouga, Fortunato Laspina, Nicolás Lucilo Benítez (alias Kururu pire), Manuel Crescencio Alcaraz, Camilo Almada, alias Sapriza, Obdulio Argüello, Felipe Nery Saldívar, Juan Aniceto Martínez y Mario Flores Cáceres.

Solo los dos últimos tienen pedido de prisión preventiva y a los demás les beneficia la edad por lo que se solicitó arresto domiciliario.

Según la Fiscalía, los diez represores torturaron con todas las técnicas lapidarias al preso político Domingo Guzmán Rolón, entre 1976 y 1977.