En el 2010 la Corte adjudicó a Comtecpar la provisión de 15 fusiles y 3.000 municiones 5.56, entre otros materiales, para fortalecer la seguridad de los ministros del alto tribunal.
Sin embargo, se importaron de los Estados Unidos 20 fusiles y 12.500 balas a nombre de la Corte Suprema. Es decir, muchos más de lo adjudicado.
La importación de más material bélico que lo adjudicado por la máxima instancia judicial fue autorizada por la Dirección de Material Bélico a cargo del general Carlos Campos Krauer.
Tanto la Dimabel como el importador, Carlos León, alegaron que se basaron en una orden de compra de la jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte, Fátima Insfrán, ahora sumariada por los ministros.
Las balas que se importaron de más se estaban vendiendo en comercios y a particulares. Entre los negocios figura casa Yamgo de Asunción y entre los civiles que más compraron aparece Hugo Cañete. Este adquirió 3.500 balas por G. 26 millones, más que la Corte.
Cañete, que es funcionario de transporte de Copaco, afirmó que adquirió las municiones para su uso.
Los cinco fusiles de asalto fueron vendidos a la Senad, pero al doble del precio que adquirió el alto tribunal.
De esta forma León justifica la venta de las municiones y fusiles que se trajeron a nombre de la Corte.
Nota de remisión
León entregó a la fiscalía la nota de remisión de las municiones que lleva el número 000053, en la que figura una partida de 2.500 balas y luego 500, para completar las 3.000 adquiridas en el 2010, mediante una licitación pública.
Sin embargo, nuestro diario tuvo acceso a la nota de remisión 000053 que tiene la Corte Suprema y en la misma se enviaron solo 2.500 balas. Es decir, que el papel presentado por León a la fiscalía habría sido adulterado.
León, al ser consultado por nuestro diario, respondió que se trataría de un error que se deslizó por el uso del papel carbónico en la elaboración de notas.
Empero, según fuentes, de esta manera se buscaría blanquear el tráfico de 3.500 municiones calibre 5.56.
La Corte recibió las 500 balas que faltaban mediante la nota de remisión 000054, de acuerdo a los documentos a los cuales tuvo acceso nuestro diario.
El 13 de febrero pasado el entonces presidente de la Corte, Víctor Núñez, ya remitió los antecedentes a la Fiscalía General del Estado y solicitó la investigación del hecho. Incluso resaltó la gravedad del caso, atendiendo que se comercializaban balas importadas para la máxima instancia judicial. La investigación penal está a cargo de los fiscales Sandra Quiñónez, Federico Delfino y Francisco Ayala.