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Funcionario ministerial no estuvo secuestrado

Este artículo tiene 8 años de antigüedad
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El Ministerio Público descartó ayer la tipificación de “secuestro” para el hecho punible del que resultó víctima el funcionario del Ministerio de Justicia Lauro Víctor Olmedo Florentín e imputó por numerosos delitos a tres de los detenidos en el operativo efectuado el viernes en la capital. El cuarto apresado fue desvinculado del caso y la investigación apunta a más implicados.

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El fiscal Joel Cazal informó ayer de tarde que las dos mujeres detenidas por el caso, Froilana González y Claudia Carolina Leggio, fueron imputadas por los hechos punibles de extorsión, coacción, privación de libertad y asociación criminal, mientras que Gilberto David Da Silva Rodríguez será investigado por asociación criminal, al concluir que tuvo un grado de participación mucho menor en el delito. 

Emilio David Benítez Samudio, también detenido durante el operativo policial efectuado el viernes, fue desvinculado del caso. 

“Hay más elementos que se relacionan más con esos tipos penales. El artículo 124 del Código Penal establece que cuando una persona es privada de su libertad con fines de coaccionarlo para una determinada situación, se encuadra más con este hecho. La imputación por asociación criminal se produce porque existe vínculo entre estas personas para cometer este hecho punible y están individualizadas la presunta participación de cada uno de ellos”, argumentó Cazal. 

“Todas las evidencias testimoniales y documentales apunta a que Olmedo fue víctima de una extorsión y privación de libertad”, dijo.

Más implicados

El agente del Ministerio Público informó también que los investigadores se encuentran realizando varias diligencias que aún están en etapa incipiente y añadió que podría haber más gente involucrada. 

Al ser consultado sobre la causa por la cual los sospechosos retuvieron a Olmedo, Cazal dijo que se trata de la recuperación forzosa de unos honorarios que cobró por un trabajo judicial que al final no cumplió.

Los captores habían exigido el depósito de G. 15 millones en una cuenta bancaria determinada para soltar al funcionario.

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