La agente fiscal pidió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema que anule un fallo dictado por la Cámara de Apelaciones, Cuarta Sala, que extinguió la acción y dispuso el sobreseimiento definitivo de los torturadores, por supuesta falta de impulso de la Fiscalía.

El camarista Emiliano Rolón votó por el “blanqueo” de Camilo Almada, alias “Sapriza”, y de Eusebio Torres, en una causa de homicidio con fines políticos, torturas y privación ilegítima de libertad, ocurridos entre abril de 1976 y mayo de 1979.

El proceso también involucró al dictador Alfredo Stroessner, a Sabino Augusto Montanaro (fallecidos), a Juan Martínez y Lucilo Benítez alias Kururu Pire.

Al voto de Rolón se adhirieron los camaristas Bibiana Benítez y Pedro Mayor Martínez. De acuerdo a los datos, Almada y Torres obtuvieron un sobreseimiento provisional en marzo del 2002 y en diciembre del 2007 se rechazó la extinción de su causa.

“Lesa humanidad”

Hace unos días, ya la Cámara extinguió la causa, y en la acción de inconstitucionalidad de la fiscala Raquel Brítez se indica que se “incurrió en un error de interpretación de las normas legales que rigen en relación a los hechos punibles de lesa humanidad”.

La agente insiste en que el Tribunal de Alzada no fundamentó su fallo y que tampoco tuvo en cuenta el artículo 5° de la Constitución Nacional, que declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad.

Para Brítez, la excepción a la regla de que nadie puede ser perseguido indeterminadamente por el Estado, se quiebra justamente en estos casos.

Asimismo, detalló que en Cámara se inhibieron 11 magistrados y que la Fiscalía urgió una vez que se comunicó la integración de la Sala, en mayo de 2009.