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SANTA ROSA DEL AGUARAY, Dpto. de San Pedro (Omar Acosta, corresponsal). En marzo del año pasado la fiscalía allanó la sede municipal de este distrito en el marco de la investigación por lesión de confianza denunciada por un grupo de ciudadanos que cuestionan la administración del intendente Mario Benítez (ANR).
En dicha oportunidad los intervinientes no hallaron documentos, tampoco estuvo presente el jefe comunal. Luego el 8 de mayo último de nuevo fue allanado el Municipio, una vez más no se hallaron los documentos buscados y otra vez estaba ausente el jefe comunal colorado.
Debido a lo mencionado, el fiscal Carlomagno II Alvarenga abrió una nueva causa, denominada quebrantamiento del depósito (ocultamiento de documentos), y ordenó la captura del jefe comunal para que pueda comparecer ante el Ministerio Público y presentar los papeles requeridos en el marco de la investigación de lesión de confianza en su contra.
En consecuencia, en la tarde de ayer el cuestionado intendente Mario Benítez se presentó ante el Ministerio Público en compañía de su abogado y entregó documentos sobre su gestión oficial al fiscal. Con este hecho quedó sin efecto la orden de detención en su contra, ya que era a solo efecto de que comparezca, explicó el fiscal Alvarenga, quien ahora analiza la posibilidad de imputación, se informó.
Los fiscales Martín Cabrera, de la oficina contra Delitos Económicos, y Carlomagno II Alvarenga investigan la administración municipal a causa de una denuncia presentada por ciudadanos acerca de que no se sabe el destino de unos G. 10.000 millones de los recursos municipales.
El asesor jurídico de la Municipalidad, Antonio Bernal, había manifestado que todo se trataba de una “rara coincidencia” que durante ambos allanamientos no se hayan encontrado documentos ni al intendente Benítez.
La agrupación civil santarroseña denominada “Rebelión del pueblo”, compuesta por diversos sectores de la sociedad, en el año 2013 comenzó la campaña con el lema: ¿Dónde está la plata?, y denunciaron a Benítez ante la fiscalía y la Contraloría General (CGR).