El defensor Osvaldo Granada Sallaberry argumentó para solicitar la extinción de la acción penal, que el juzgado no ordenó la “reapertura de la causa” luego de que la Fiscalía pidiera, un año después, la continuación del proceso y acusara a De Vargas, tras haber sido beneficiado con el sobreseimiento provisional.
Sin embargo, Delmás compartió la posición del fiscal Luis Piñánez, quien argumentó que la reposición interpuesta por Granada Sallaberry fue el medio idóneo para que el juzgado subsanase la involuntaria omisión de disponer la “reapertura de la causa”. Según la Fiscalía, De Vargas pagó G. 9.406.120.000, en el 2012, y Rojas G. 1.250.000.000 en 2015, por equipos de espionaje a la firma “Televox S. R. L”, creada solamente para perpetrar esas transacciones con la Senad.