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Meza hizo lugar al incidente de extinción de la acción penal que promovió el abogado Jaime Molas Silvero, en representación de los familiares del aduanero fallecido el 26 de junio de 2015, en un accidente a la altura del kilómetro 28 de la Ruta VII, en el departamento del Alto Paraná.
La víctima del percance figuraba como jefe de un puesto de control aduanero en la zona del Este, pero oficialmente se desconocían las funciones que cumplía.
Cuando ocurrió el accidente Alegre Cano llevaba en su vehículo US$ 136.390 y G. 360.090.200.
El Ministerio Público presume que el dinero no tiene un origen lícito y debido a ello abrió una investigación penal para demostrar esa hipótesis y luego comisar la millonaria suma a favor del Estado.
Sin embargo, con la resolución de la jueza Meza se pierde la posibilidad de que la Fiscalía pueda lograr su objetivo.
Los fiscales Marcelo García de Zúñiga (de Ciudad del Este) y Hernán Galeano de Asunción, solicitaron a la magistrada que rechace la extinción de la acción. Los agentes del Ministerio Público resaltaron que la ley habilita a la fiscalía a buscar el comiso de los bienes hallados en poder de Alegre Cano, que consiste en dinero en efectivo.
Sin embargo, la jueza ignoró el argumento de la fiscalía e hizo lugar a la extinción.
“Como bien lo señala el incidentista, la persona situada en el rol procesal en alusión, a la fecha se encuentra fallecida. A partir de estas circunstancias, no existe otra alternativa que disponer la clausura del presente proceso investigativo por las causales establecidas en el artículo 25 inciso 1 del Código Procesal Penal, con las implicancias establecidas en el artículo 359 inciso 3 del mismo cuerpo legal”, señala la jueza Meza e una parte de la resolución 825 del 16 de junio pasado y que se notificó al Ministerio Público.
La decisión de la magistrada genera sospechas, atendiendo que hace rato se viene maniobrando para la entrega de la millonaria suma a los familiares del aduanero muerto.
Actuaciones cuestionadas
La jueza Meza ya tuvo una criticada actuación en el proceso abierto por lavado de 600 millones de dólares en Ciudad del Este. La magistrada aceptó con llamativa celeridad el pedido de los fiscales Marcelo García de Zúñiga, Carlos Giménez y Juliana Giménez, quienes solicitaron que los funcionarios de los bancos Sudameris y Regional involucrados en el caso eludan el juicio oral con la construcción de una escuela y la donación de ambulancias para el Ministerio de Salud. Incluso, la magistrada habría direccionado la compra de los vehículos de una determinada firma.
Además se estaría operando con ella para la prescripción del hecho con respecto al Banco Continental, cuyos funcionarios también fueron acusados por los tres fiscales mencionados, quienes también tuvieron una sospechosa actuación en la investigación del lavado de los US$ 600 millones.
EL COMISO AUTÓNOMO
La fiscalía sostiene que la investigación se abrió con la finalidad de comisar los bienes si se corrobora el origen ilícito.
“Ante la verificación de la posible realización de un hecho antijurídico, es dable resaltar que dicha situación faculta al Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal (Comiso Autónomo)”, dice una parte del escrito que los fiscales Hernán Galeano y Marcelo García de Zúñiga presentaron a la jueza.
La magistrada en su resolución de extinción de la acción refiere que la misma se podrá ejecutar una vez que quede firme.
La fiscalía puede apelar la decisión.