La fiscala Elsa Idoyaga había presentado la desestimación de la denuncia.

Un grupo encabezado por Pedro Gamarra Ramírez denunció que en el año 1999, cuando Robadín se desempeñaba como sacerdote en la parroquia San Alfonso, ofreció terrenos en el barrio Santa Librada-Kennedy de Capiatá, a once familias de escasos recursos por 15 millones de guaraníes cada uno, pagaderos en 10 años.

Añade que en marzo del 2000 las familias se instalaron en la llamada Villa Alfonso, hasta donde Robadín se iba a cobrar a cada fin de mes

Posteriormente, cinco lotes fueron embargados y rematados por la Cooperativa Universitaria. El inmueble supuestamente fue transferido a Robadín recién en el 2003, por lo que fue denunciado por vender un inmueble que no le pertenecía.

“Esta fiscalía no pudo reunir los elementos de convicción necesarios para fundamentar en forma sostenible la acusación; lo cual no obsta a que sigan las investigaciones tendientes al total y absoluto esclarecimiento del acontecido”, argumentó la fiscala.