La magistrada tuvo en cuenta que los informes sicológicos no favorecieron a Acosta, y además, que el delito cometido es muy grave.
El mismo presenta casi una idéntica evaluación a la que obtuvo el año pasado y con la que pretendió, en vano, salir en libertad.
“Demuestra limitadas condiciones socio-ambientales, dificultades emocionales y conflictos personales, por lo que estos factores lo llevarían a una difícil adaptación social”, dice el dictamen.
La abogada Alda Cardozo, representante del condenado, refirió que su cliente será sometido a 45 días de tratamiento sicológico, de modo a ir preparándose para reinsertarse en la sociedad.
La profesional indicó que tras la evaluación de la psicóloga del Poder Judicial, volverán a solicitar la libertad condicional por compurgamiento de la pena mínima.
El año pasado, la misma jueza Llanes había denegado la libertad al procesado.
Acosta cayó preso el 11 de agosto de 2005 y el 31 de mayo de 2007 fue condenado a 7 años y 6 meses de cárcel, por haber ocultado en su vivienda a Sebastián Osorio, condenado a 18 años y 9 meses de prisión por su participación en el plagio, de los cuales ya cumplió 7 años.
El tribunal que lo condenó había concluido que era parte integrante de la organización criminal, que el 21 de setiembre del 2004 secuestró a Cecilia Cubas Gusinky, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 16 de febrero del 2005, enterrado en un túnel de una vivienda de Ñemby.
Según la jueza María Esther Fleitas, quien integró el tribunal con sus colegas Andrés Casati y Mara Ladán, la función del mismo era proveer apoyo logístico a la organización criminal, para lo cual compró varios bienes, entre ellos una casa en Jejuí Poty, San Pedro, donde se produjo la detención de Osorio.
Otros buscan la extinción
Otros seis condenados por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas esperan que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la excepción de inconstitucionalidad que planteó el Ministerio Público contra la extinción del proceso penal por el cómputo con la criticada Ley 4649/12, que prevé 3 años de proceso penal.
Se trata de Roque Rodríguez, Agustín Acosta, Arístides Vera, Gustavo Lezcano, Basiliano Cardozo y Simeón Bordón, condenados a 25 años de prisión y 10 de medida de seguridad. Los fiscales Sandra Quiñónez y Rogelio Ortúzar plantearon esta semana la excepción para que el proceso se siga rigiendo con la Ley Camacho (4 años).