En forma unánime, el Jurado resolvió destituir al juez Daniel Colmán Martínez.
El magistrado, en un juicio sucesorio, otorgó la titularidad de un inmueble a los herederos del funcionario jubilado Aníbal Efrén Paz.
Este inmueble había sido cedido en usufructo por Itaipú a Paz.
Cuando el funcionario falleció, la titularidad del inmueble debió retornar a Itaipú, sostiene el Jurado.
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“Se probó que dentro de un juicio sucesorio introdujo un inmueble perteneciente a la Entidad Binacional Itaipú, que era usufructuado por el causante, como parte de la herencia a ser distribuida a los declarados herederos, a pesar de que ese derecho se extinguió con el fallecimiento del usufructuario, tal como lo prevé el Código Civil”, dice el informe del Jurado.
El Jurado también resolvió apercibir al fiscal Julio César Yegros Ojeda, por mal desempeño.
En ocho días Yegros pidió la desestimación de una investigación por lavado de dinero a Tajy Cambios y devolvió las evidencias incautadas de la citada entidad.
“No profundizó en la investigación a su cargo, para poder solicitar la desestimación de una denuncia, teniendo en cuenta la complejidad de los hechos denunciados (lavado de dinero y otros); no especificó el motivo por el cual correspondía la desestimación, ya que no se fundamentó cuál de los supuestos del artículo 305 del Código Procesal Penal se había configurado; desconoció la figura procesal del consultor técnico, ya que intentó equiparar con el del perito, y, finalmente, devolvió las evidencias que habían sido secuestradas, sin dar intervención previa al Juzgado Penal de Garantías, tal como lo exige el artículo 197 del Código Procesal Penal”, refirió el Jurado.
Sigue diciendo la resolución: “En este caso, se consideró que ciertamente los alcances de la desestimación resultan una atribución discrecional del Ministerio Público, al momento de sopesar los elementos de convicción, y además se prevé el trámite de oposición en el artículo 314 del Código
Procesal Penal en caso de que el Juzgado Penal de Garantías no considere pertinente ese requerimiento y se formule uno nuevo, tal como sucedió en el expediente judicial, razón por la cual esas circunstancias permitieron atenuar la respuesta sancionatoria”.
Mientras el juez Centurión, investigado por firmar resoluciones favorables a procesados por tráfico de drogas, renunció a su cargo, por lo que el Jurado archivó el caso. Está pendiente el caso de la jueza Teresita Ricardi, cuya destitución también se recomendó, al igual que la de Graciela Panza.