El examen fue realizado por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, a cargo de Mario Elizeche.

Gracias al sistema informático Judisoft, a las informaciones consignadas en el Formulario de Recopilación de Información Estadística (FRIE), además de las verificaciones in situ, se supo que varios juzgados del interior tienen grandes discrepancias entre lo informado a la Corte Suprema y lo que realmente produjeron en el 2018.

En ese sentido, el Tribunal de Apelación de Caazapá, integrado por Guido Ramón Melgarejo (presidente), Édgar Adrián Urbieta Vera y Margarita Miranda Brítez, quedó como “observado” y ahora debe justificar sus diferencias al superintendente de Justicia, Rafael Monzón.

En la auditoría se especificó que el tribunal de alzada informó a la CSJ que contaba con 7 (siete) expedientes en estado de autos para sentencia, pero en una verificación se encontró una diferencia de 3 expedientes.

“Esta Dirección considera que la información remitida a la máxima instancia no coincide con la verificación realizada por el equipo de auditores”, se desprende del informe de auditoría.

También quedaron como “observados” los juzgados de primera instancia civil comercial y laboral y penal de garantías de San Juan Nepomuceno.

El juez Luis M. Fernández V. (fuero civil) informó a la Corte que 38 casos estaban pendientes de sentencia, cuando en realidad tiene 58, según el informe.

En tanto que el juez Carlos Darío Flores (garantías) superó el 20% del porcentaje de error en su informe.

También la jueza Elsa Sanabria de Cano, de la Niñez y Adolescencia de Coronel Oviedo, tiene que justificar su informe debido a que informó a la máxima instancia que tenía 13 expedientes en autos para sentencia, pero el cotejo de datos reveló que en realizad se trata de 28 expedientes pendientes.