La estafa a los docentes llega a casi G. 11.000 millones, según Fiscalía

Un informe del Laboratorio Forense del Ministerio Público revela que la estafa a los docentes llega hasta ahora a G. 10.726.729.650. Se arribó a esta conclusión con base en cheques con cargo del BNF emitidos a la orden de los abogados Lucila Martínez y Rolando Salinas, imputados.

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El Ministerio Público cuantificó la estafa a los docentes y el documento se agregó a la carpeta fiscal.

El Laboratorio Forense de la Fiscalía apuntó que, según el detalle de los cheques cargo Banco Nacional de Fomento, la abogada Mercedes Lucila Martínez Galeano cobró un total de G. 4.339.707.916; la firma Muñequita G. 1.094.184.731 y el abogado Rolando Salinas G. 5.292.837.008.

De 4.207 cheques emitidos a la orden de Martínez Galeano, 4.196 fueron firmados por el juez de Paz de La Encarnación, Felipe Acosta Schimitt, por un total de G. 4.310.525.019.

Para la empresa Muñequita (propiedad del imputado Juan Manuel Santacruz) se emitieron 854 cheques, de los cuales 361 corresponden al juzgado de justicia letrada cuarto turno, por un total de G. 428.198.988, y 475 fueron firmados por el juez de Paz de la Recoleta, por la suma de G. 616.021.768.

Todos los cheques a favor del abogado Salinas fueron firmados por el juez de Paz de La Encarnación.

De los 11.389 cheques emitidos del BNF, 10.524 fueron autorizados por el juez Acosta Schimitt.

La ujier notificadora Elisa Monserrat Cibils Barrios y los oficiales de justicia Ana González Ledesma y Carlos Leite Jara, que trabajan en el juzgado de La Encarnación, se encuentran imputados en el caso. Está en la mira el juez Acosta Schimitt.

También están imputados por estafa Nicolás Xavier Jara Acosta y María Teresa Acosta de Jara, propietarios de la firma Marité SA.

Recientemente el juez Julián López le dio una polémica prejudicialidad a la imputada Ana González.

Las imputaciones son el resultado de la investigación abierta por las fiscales Teresa Sosa y Lorena Ledesma por las denuncias de fraudes presentadas por maestros contra las firmas Marithé SA, Trial SA, Muñequita SA, entre otras. Se habla de una fuerte maniobra en el Poder Judicial para blanquear el caso, detrás del cual estaría el poder económico de los integrantes de la organización.

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