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La primera imputación en un complejo caso

Este artículo tiene 12 años de antigüedad
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Silvio Vladimir Velázquez Espínola es el primer imputado, con prisión preventiva, por el asalto a Maxton.

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Las fiscalas Estela Marys Cano y Alba Rocío Cantero presentaron cargos ante el juez Óscar Delgado por los hechos punible de robo agravado, omisión de dar aviso de un hecho punible y frustración de la ejecución y persecución penal.

La presentación da cuenta de que la camioneta Hyundai Santa Fe color azul sin chapa fue utilizada para perpetrar el asalto a la firma Maxton, ubicada en la calle Santa Margarita de Jouville N° 325, barrio Itay.

Esta camioneta fue abandonada tras el asalto.

Posteriormente, fue devuelta por el fiscal Rubén Villalba a Juan Rodríguez González.

Cuando las fiscalas Cano y Cantero asumieron la causa, se vieron con esta llamativa situación de no contar con la única evidencia del robo.

Por ese motivo procedieron a hacer las diligencias para recuperar el vehículo.

Fue así como Rodríguez González informó que vendió la camioneta a Rulia Franco Torales.

Esta mujer se presentó el pasado 1 de setiembre a la fiscalía con este vehículo y declaró que lo adquirió en mayo pasado a instancias de su novio, Silvio Velázquez.

Refirió que un mes después, Sergio Figueredo, amigo de Velázquez, prestó la camioneta.

Como Figueredo no devolvía la camioneta y pasaron dos meses, Rulia reclamó a Velázquez e inclusive esto originó un disgusto entre ambos.

Pero cuando Juan Rodríguez le informó que la fiscalía estaba buscando la camioneta, la mujer reclamó con más fuerza la devolución.

Fue así como el pasado 29 de agosto, a la tarde, Velázquez llevó la camioneta a la casa de Rulia “manifestándole que ya le habrían devuelto y que lo hizo a través de otra persona, sin manifestarle el nombre ni el modo”, dice la imputación. Esta camioneta ya está en poder de la fiscalía.

De acuerdo a los antecedentes, entre las afectadas por el robo de la cajas de seguridad aparece Mirian Paiva, esposa del expresidente del Indert Luis Ortigoza, imputado por el caso de venta irregular de tierras al Estado, por 60.000 millones, en abril de 2013.

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