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El juez penal de garantías Rubén Ayala Brun convocó para mañana a las 8:00 a Gill Ávalos y a Thomas Rudis a la audiencia de revisión de medidas.
Ambas están representadas por los abogados Alba Zaracho y Claudio Lovera.
Las procesadas insisten en su libertad, ya que están presas en la comisaría de mujeres. El Ministerio Público había pedido al juez Ayala Brun que consulte a la cárcel de mujeres del Buen Pastor si había lugar para que ambas sean trasladadas. El magistrado hizo caso omiso al pedido de la fiscalía.
Las imputadas por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos alegan que la privación de libertad debe ser la última opción al tratarse de delitos.
Las mismas solicitan que les sea aplicada una fianza acorde al perjuicio ocasionado en la filial de Pedro Juan Caballero, de US$ 5.757.000 y no por el daño total de US$ 14.000.000. Alegan que solo eran simples empleadas.
De esta forma, piden que les sean aplicadas medidas alternativas a la prisión como comparecencia mensual, embargo de bienes, prohibición de cambiar de domicilio, entre otras.
Según fuentes judiciales, hay fuertes versiones de que este pedido es una maniobra de Carlos Sosa Palmerola, quien pretende que los coimputados con él, que son cinco, ya sean excarcelados para no “colaborar” con la Fiscalía y contar los tejes y manejes del vaciamiento.
Además de las dos mujeres, siguen presos en Tacumbú Arcenio Céspedes Maciel, Hugo Daniel Ortiz Barboza y Gustavo Vera Ávalos.
Según los fiscales José dos Santos, Josefina Aghemo y Hernán Galeano, todos los empleados cumplían órdenes directas de Sosa Palmerola. Este último goza de libertad gracias a una maniobra del ministro Sindulfo Blanco y los camaristas Mercedes Buongermini y Nery Villalba, quienes serían “blanqueados” en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.