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La pequeña madre es parte de aterradoras estadísticas que demuestran que, solamente el año pasado, 684 niñas con edades de 10 a 14 años dieron a luz. Según datos oficiales, en el 2014, más de 20.000 adolescentes se convirtieron en madres en nuestro país.
Datos oficiales proveídos ayer por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dan cuenta de que el año pasado más de 20.000 adolescentes dieron a luz, de las cuales 684 tenían edades de 10 a 14 años.
En el mismo periodo, 14 adolescentes fallecieron en abortos y otras 28 perdieron la vida por complicaciones del embarazo, parto y puerperio.
En contrapartida con estas alarmantes cifras, en muchos casos la actuación de las autoridades fiscales y judiciales deja mucho que desear.
Medios nacionales dan cuenta de que en octubre del año pasado una niña de 12 años, embarazada de más de tres meses, fue rescatada de la vivienda de Ciudad del Este donde vivía con su madre y su padrastro.
En la ocasión, los intervinientes procedieron a la detención del padrastro y también de la madre. Ambos contaban con orden de captura dictada por el juez Carlos María González desde diciembre del año ¡2012!
Los antecedentes del caso dan cuenta de que la niña ya había denunciado el abuso sexual sufrido de parte de su padrastro a la edad de 10 años, y que el juez del caso ordenó la prisión tanto del abusador como de la madre, debido a que esta consentía el abuso. Sin embargo, por razones inexplicables, jamás se cumplió la orden judicial, y tampoco se adoptó medida alguna para proteger a la víctima, que siguió viviendo bajo el mismo techo que su agresor y la cómplice.
El aumento de casos de embarazo precoz –y este último de la niña de 10 años detectado por médicos del Centro Materno-Infantil de Trinidad, tal como el de Ciudad del Este, ya había sido denunciado anteriormente, sin que las autoridades tomaran las medidas necesarias para revertir la situación– nos enfrenta a distintos planteamientos; uno de ellos tiene que ver con la notoria falencia existente en la intervención de los operadores de justicia.
Falta protocolo
“En las intervenciones de operadores de justicia (Policía Nacional, Fiscalía y Área de Niñez y Adolescencia) se vislumbra la necesidad urgente de establecer un protocolo de actuación, a los efectos de considerar las acciones a tomar de los organismos de intervención inicial”, expresó la abogada Cecilia Pérez.
La letrada resaltó que, en este caso, la Fiscalía se constituyó a raíz de publicaciones periodísticas en el Hospital Materno-Infantil de Trinidad, no así como consecuencia de una denuncia por la sospecha de la comisión de un hecho punible, en este caso, de abuso sexual en niños.
“Si bien las leyes vigentes establecen las obligaciones de los operadores de justicia, a los fines de la intervención efectiva, que deben resultar de oficio, también quien tuvo conocimiento del hecho debe activar los mecanismos correspondientes, por obligación legal del propio Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Art. 5, y del Código Procesal Penal, en sus artículos 284 y 286, incisos 1 y 2”, afirmó Pérez.
La Cátedra y Servicio de Clínica Gineco-Obstétrica del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas (UNA) informó que durante el año 2014 se ha registrado en consultorio especializado infanto-juvenil, un promedio de 70 consultas por mes y 14 embarazos de jóvenes menores de 15 años.
El Dr. Ramón Battaglia, jefe de la cátedra de Ginecología, mencionó que durante ese año y solo en dicho centro asistencial, se manejaron 463 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años, que recibieron asistencia médica, acompañamiento psicológico, nutricional y asesoramiento legal.
Fuente: Global Infancia.