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El magistrado consideró prudente imponer la fianza personal de los abogados Carmelo Caballero y Carlos María Aquino hasta cubrir la suma de G. 500 millones.
En el plazo de 60 días, la defensa debe presentar un inmueble por el mismo monto (G. 500 millones). A su vez, Segovia tiene prohibición de salir del país y la obligación de presentarse al juzgado de forma mensual.
La fiscala Victoria Acuña imputó a Blasco y a Segovia por la supuesta adjudicación irregular, vía licitación pública, a la empresa Compañía Ingenieros Asociados - CIA SA, representada por William Gerardo Campos Cervera Ramírez, para la realización de una consultoría –dentro de la elaboración de un modelo de centro penitenciario (cárcel de Emboscada)– que la Cooperación Española elaboró ya en el año 2000. Según el Ministerio Público, Blasco ocasionó un daño de G. 3.960 millones y Segovia de G. 990 millones.
Con relación a Blasco, el juez Corbeta pidió informes sobre si posee fueros al ser diputado suplente y hasta el momento, no fue contestado por la Cámara Baja.