Militares maniobran para que fiscalía no investigue negociado con armas

Pese a fuertes indicios de presunto feroz negociado con armas y municiones que se importaron a nombre de órganos del Estado y que se vendieron a civiles, los militares quieren hacer creer que todo se trata de una simple falta administrativa, debido a la no reglamentación de la ley. Lo que buscarían es que la fiscalía no investigue el caso que podría salpicar a los altos jefes.

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Lo que comenzó como la comercialización presuntamente ilegal de municiones 5.56 a civiles, pero que la empresa Comtecpar importó a nombre de la Corte, podría revelar un feroz tráfico de armas y balas que salpicaría al Ejército, que en los últimos dos años adquirió material bélico por alrededor de G. 30.000 millones.

Existen varios elementos que fortalecen las sospechas de un gran negociado, para lo cual se habría pisoteado la Ley 4036, de armas. La referida disposición legal en su artículo 16 inciso “h” señala claramente que las armas destinadas a órganos del Estado no podrán ser comercializadas a civiles.

Está probado documentalmente que se importaron 12.500 municiones 5.56 a nombre de la Corte, que adjudicó a la firma Comtecpar solo la provisión de 3.000 municiones. Sin embargo, la empresa trajo de los Estados Unidos 12.500, de las cuales entregó los 3.000 al alto tribunal y el resto comenzó a vender a civiles con autorización de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), pese a la prohibición expresa de la ley de armas.

Lo que pasó con la Corte sería apenas una muestra del gran negociado que se habría dado en las compras que hizo el Ejército, también de Comtecpar, cuyo presidente es Carlos León, quien tiene un pleito judicial con su socio Rubén González Peralta. Este fue quien el 7 de febrero pasado denunció ante la Corte que las municiones que se importaron a nombre de la máxima instancia judicial las pudo adquirir en casa Yamgo, de Asunción.

En el Ejército

Según documentos a los cuales tuvo acceso nuestro diario, Comtecpar fue adjudicada, por la vía de la excepción, para proveer al Ejército municiones y armas por G. 1.400 millones, en noviembre de 2011.

La firma tenía que importar de los Estados Unidos 15.797 municiones 762 51 mm alto desempeño Macht; 16.999 las de calibre 338. Lapua Mágnum alto desempeño Macht, 15.000 las de calibre .50 BMG alto desempeño Macht y 381 granadas 40 mm. Las municiones y granadas totalizaban 47.796.

Sin embargo, Dimabel, con la firma del titular de la unidad, general Carlos Campos Krauer, autorizó en diciembre de 2011 la importación de 51.000 municiones y granadas. Es decir, 3.204 unidades más de lo adjudicado a Comtecpar.

La diferencia entre el material bélico adjudicado con lo importado se comercializaría en comercios del país en forma ilegal.

Empero, los militares estarían maniobrando para que todo quede en el ámbito administrativo. Lo que buscarían es evitar que la fiscalía indague las millonarias adquisiciones que hizo el Ejército y que en su mayoría fue de la empresa Comtecpar.

El presidente Federico Franco había ordenado un sumario administrativo. Sin embargo, de acuerdo a los indicios, se habrían cometido hechos punibles, que deben ser indagados por el Ministerio Público.

El titular de la Dimabel es el general Carlos Campos Krauer y el jefe del Registro Nacional de Armas es el teniente coronel Óscar Villagra. La firma de los mismos aparece en varios documentos que ya obran en poder de la fiscalía, que tiene una causa abierta.

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