Observará grabación para tomar decisión

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La actuaria del Juzgado de Paz de Santísima Trinidad, Liz Ramona Gamarra, se abstuvo de declarar ayer ante el fiscal Martín Cabrera, quien analiza su imputación por cohecho pasivo y cobro indebido de honorarios. También es indagada la gestora Johana González.

Gamarra y González expidieron permisos del menor a cambio de G. 110.000 por niño, en el club de rugby Curda.

Gamarra es actuaria del Juzgado de Paz del barrio Santísima Trinidad, a cargo del juez Alejandro Peña.

De acuerdo al fiscal Cabrera, ayer Gamarra se abstuvo de declarar; en tanto que la gestora González Vera se presentó sin abogado defensor, por lo que será citada nuevamente.

“No tomamos todavía ninguna decisión, porque no pudimos observar la grabación de la cámara oculta, que ya está a disposición del juez que otorgó el permiso, Gustavo Amarilla”, indicó el investigador.

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Según trascendió, en la cinta tanto la actuaria Gamarra como la gestora González dicen a los padres de los chicos que deben jugar un torneo en Argentina, que el permiso tiene “el mismo costo” en el juzgado.

Las dos investigadas se trasladaron hasta el Curda para realizar los trámites.

La fiscalía tomó intervención luego de que se propalara a través de la página del Curda en la red social Facebook, que un juez de Paz (Peña) se trasladaría a la sede del referido club, para otorgar permiso correspondiente a los niños, en la noche del lunes.

La legislación vigente establece la gratuidad, tanto de la expedición del permiso por parte del Juzgado de Paz, como de la legalización, realizada por la Oficina de Legalizaciones del Palacio de Justicia.

El único costo previsto por la ley es el arancel que cobra el Ministerio de Relaciones Exteriores para validar el trámite, que es de poco más de 30.000 guaraníes.

Asimismo, el máximo periodo de duración del permiso es de 90 días.

Sin embargo, el aviso divulgado no solamente decía que el costo del documento era de 100.000 guaraníes, sino además prometía la obtención de un permiso por el plazo de 1 año. Ambas situaciones se consideran irregulares.

Según la fiscalía, se cobraron G. 4.400.000, por 40 permisos otorgados.
Ahora, el fiscal analiza la implicancia de las investigaciones en los hechos punibles previstos en la ley.