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El juez de Ciudad del Este Marino Méndez, quien tenía a su cargo el megaproceso, a pedido del Ministerio Público había ordenado una pericia financiero-contable de los documentos relacionados al caso. Esta diligencia iba a permitir a la Fiscalía identificar a los empleados de los bancos que avalaron el envío ilegal, para luego ser incluidos en el proceso penal.
Llamativamente, el juramento de los peritos Walter Oviedo (por la fiscalía) y Augusto Mengual (por el juzgado) nunca se pudo realizar y, en consecuencia, tampoco la pericia financiero-contable de los papeles.
Las numerosas suspensiones de la audiencia de juramento generaron sospechas y duras críticas de los defensores de los imputados, quienes acusaron al Ministerio Público de encubrir a los empleados de los bancos y a los terceros dueños del dinero, que usaron las firmas ficticias para ocultar su identidad y enviar los dólares al exterior.
Maniobras
Mientras se dilataba el juramento de los peritos y la realización de la pericia financiero-contable, varios intermediarios habrían estado operando en los bancos por medio de los cuales se remesaron los dólares.
Los intermediarios ofrecieron impunidad a cambio de fuertes sumas de dinero, según fuentes que fueron consultadas por ABC.
La primera prueba de que a través de ellos se manejaría a fiscales y magistrados habría sido el cambio del juez Méndez, dispuesto después por la Corte Suprema.
Los documentos que deben ser sometidos a pericia son los incautados de la casa de cambios Forex, sucursal Ciudad del Este, durante un allanamiento que se hizo en el 2011. También los papales encontrados en enero de 2012 en un departamento de Ciudad del Este en donde estaba escondida la imputada Sady Carísimo, presidenta de la firma ficticia Strong.
En su declaración ante el Ministerio Público, Carísimo comprometió a los gerentes y otros empleados de los bancos de avalar los envíos al exterior.
Según la imputación de la Fiscalía, Felipe Ramón Duarte, prófugo, y los involucrados habrían creado personas jurídicas o firmas a fin de facilitar la realización de transacciones o remesas al extranjero, habilitando cuentas corrientes en los bancos de plaza de Ciudad de Este y agencia de Hernandarias, tales como BBVA, Sudameris, Regional, Continental, Atlas y Amambay. Las sumas de dinero vendrían siendo remesadas al exterior a través de las cuentas habilitadas en los citados bancos, y a fin de justificar las remesas habrían utilizado facturas proformas de supuestos proveedores.
Las firmas ficticias Strong, Muñe, Manhattan, MH Electrónica, Braex Import Expor, American, Ninfaplus, Mega Tech, Mart-Gony y otros habrían sido creadas con el fin de ocultar el origen del dinero remitido al exterior y la identidad de las personas.
Así se constituyó el ropaje legal de las transacciones, dice la imputación del Ministerio Público contra los involucrados.
Fiscales de la causa
Los fiscales Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga están al frente de la investigación, que casi todo el tiempo estuvo a cargo de la agente Juliana Giménez, bajo la coordinación del fiscal adjunto Alejo Vera.
La defensa de los imputados había denunciado que se solicitaron US$ 10 millones para blanquear a los terceros que remesaron los dólares.