El abogado Rolando Alum manifestó que hace un año presentaron la denuncia en la Fiscalía, que recayó ante el agente Luis Lionel Piñánez. Sin embargo, tras haber transcurrido el plazo señalado, el fiscal no imputó aún a los exdirectivos de la cooperativa que por su mala gestión llegó a la cancelación de sus actividades.

Alum indicó que el daño patrimonial a la Cooperativa 17 de Mayo, supuestamente provocado por su entonces presidente Carlos Ferreira, es de unos US$ 5 millones.

A causa de la cesación de pagos en que entró la cooperativa, los proveedores demandaron y lograron el embargo incluso de su edificio situados en 14 de Mayo y Presidente Franco.

A pesar de que la Fiscalía tiene numerosos elementos para imputar, el fiscal Piñánez sostiene que aún no puede procesar al consejo directivo de la cooperativa que habría incurrido en la gestión dolosa que derivó en el cese de actividades de la entidad, indicó el abogado.