Los policías afectados son el comisario principal Daniel Careaga, el subcomisario Guillermo Monges, ambos del Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros, y el oficial inspector Pablo David Zelaya, de la División de Investigación de Delitos del departamento Central.
Careaga, quien ejerce la supervisión técnica del área investigativa en su unidad, informó ayer en la tarde que los tres uniformados fueron confirmados en sus respectivos cargos, luego de presentarse en la Comandancia en horas de la mañana.
“El ministro del Interior había emitido un comunicado ante los medios de prensa, en la cual manifiesta, entre otras cosas, que agentes policiales filtraban informaciones a la banda de delincuentes de Amado Ramón Benítez y otros malvivientes”, informó Careaga.
Resaltó que la publicación en nuestro diario, en su edición de ayer, de los nombres de tres oficiales de alto rango como supuestos cómplices de la megabanda motivó que los afectados comparecieran ante la Comandancia.
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“Fuimos convocados por el Comando Institucional para aclarar la situación sobre la publicación y de paso aprovechamos para solicitar la instrucción del sumario administrativo, a fin de deslindar toda responsabilidad en el hecho”, explicó.
“En ese sentido se pudo demostrar fehacientemente que los agentes que mencionaba la publicación no guardan relación o complicidad con los hechos mencionados. Es por ello que se ordenó nuevamente que cada efectivo acuda de vuelta a su unidad de origen para continuar su labor”, acotó.
El jefe del Departamento Contra Delitos Económicos, Crio. Princ. Abel Cañete, informó que no hay documentos oficiales ni filtración de datos que involucren a los agentes afectados.
“Hasta el momento, en el proceso de investigación no existe ningún documento oficial, puesto que se ha pedido la extracción de datos vía judicial como acto investigativo, por lo que no existen informes de nombres vinculados a la asociación criminal”, dijo Cañete.
“Esa solicitud se hizo a la fiscala Noelia Neumann, por lo que se descarta categóricamente la vinculación o filtración de datos que involucren a los agentes. Todos los datos se están procesando y aparecen evidencias electrónicas que se realizarían a través de una pericia técnica bajo supervisión judicial”, subrayó el jefe policial.
