Policías procesados por caso Tanya, ahora imputados por fraguar acta

El fiscal de la unidad Barrial Nº 8, Yoan Paul López, imputó al oficial primero Gustavo Narváez y al suboficial Arnaldo Lezcano por la presunta comisión de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. El representante del Ministerio Público solicitó la prisión para ambos, quienes prestaron declaración indagatoria en dicha sede fiscal.

Es en el marco de la causa abierta contra Blas Ojeda Jacquet, imputado por presunto robo agravado. Ojeda mencionó que los agentes alteraron los hechos del parte policial, en la que figura que el imputado fue detenido en la vía pública, cuando en realidad fue aprehendido en un local comercial.

Anteriormente, el fiscal López había solicitado a la Jefatura de la Comisaría 11ª Metropolitana la copia del libro de novedades. Asimismo, verificó el video del circuito cerrado del local de repuestos, de donde fue sacado Ojeda para su detención. “Las declaraciones de los oficiales Lezcano y Narváez no coinciden con lo visto en el video del circuito cerrado, en relación con la forma de aprehensión de Ojeda. No ponemos en duda la autoría de Ojeda, puesto que la motocicleta fue robada y encontrada en poder del autor. Lo que se investiga ahora es que estos agentes dejaron falsa constancia en el acta de procedimiento y testificales en Fiscalía del lugar y forma que detuvieron a Ojeda”, dice la imputación. Refieren los antecedentes que el pasado 27 de setiembre se encontraba Ojeda en compañía de otra persona de sexo masculino. Estos habrían manipulado una motocicleta estacionada con características Kenton modelo GTR 150 color negro, con chapa BGV 663. Al ser descubierto por la víctima, Ojeda encendió el biciclo, mientras que el coautor habría apuntado con un arma de fuego a la víctima, momento en el que el autor del hecho logró huir a bordo de la motocicleta.

Policía puede revisar vehículos

El comandante de la Policía Nacional, comisario Críspulo Sotelo, dijo ayer que los uniformados cuentan con la potestad legal para revisar los automóviles en la vía pública. El titular de la institución policial formuló esas afirmaciones al término de la inauguración de la nueva Oficina de Información Pública y Anticorrupción, con la presencia del presidente Horacio Cartes.

“La Policía tiene atribuciones jurisdiccionales y legales para revisar los vehículos”, aseguró, y señaló que luego de las revisiones callejeras se debe elevar el informe a la Fiscalía.

Al ser consultado sobre el episodio protagonizado por agentes policiales con la empresaria Tanya Villalba, quien acusó a los uniformados de plantar droga en su automóvil durante una revisión en la vía pública, el comandante Sotelo dijo que lamentaba lo ocurrido y pidió que el caso sea investigado por la justicia.