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La acusación presentada por el fiscal Marcial Machado está dirigida contra Bladimir Martínez Coronel, Pablo Caje Báez, Ysabel Blásida Barrientos de Romero, Victorino Zapattini Ortiz, Catalina Duarte de Lomaquis, Olga González de Benítez, Ángel Gabriel Cano Acosta y Miguel Ángel Ayala Barreto.
En su acusación, el fiscal Machado sostiene que la entidad perjudicó a numerosos socios al entregar pagarés por deudas canceladas y que no fueron retirados a otras entidades financieras, que volvieron a exigir el pago a los afectados vía judicial, inclusive.
El fiscal presenta una nómina de casi medio centenar de afectados, todos jubilados, que como consecuencia de la maniobra referida se vieron obligados a tuvieron que pagar sus créditos hasta cuatro veces inclusive.
La Cooperativa Prosperidad fue intervenida por el Instituto Nacional del Cooperativismo (Incoop) el 11 de julio del 2013, medida que permitió detectar una serie de irregularidades en el manejo de la institución.
Por resolución del 2 de diciembre del 2014, el Incoop retiró la autorización para operar y se canceló la personería jurídica de la Cooperativa Prosperidad.