La fiscala Yolanda Portillo, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó acusación el pasado 2 de setiembre y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público para los procesados.
Requirió juicio oral por lesión de confianza, en calidad de autor del desvío de fondos, para Camilo Aníbal Recalde Dávalos, quien se desempeñaba en el Servicio de Asistencia Técnica de la Senavitat, y era el encargado de gerenciar el proyecto de construcción de viviendas.
También acusó por el fraude, en grado de complicidad, a Óscar Luciano Barreto, de las empresa constructora CISA, que debía construir casas prefabricadas; y a Hugo César Acevedo, de la Constructora Área, encargada de las viviendas tradicionales.
Asimismo, están acusados los extitulares de las cooperativas Mi Casita, Carol Patricia Turrini Ayala, y Ñapu’ã Haguã, Carlos Antonio Valenzuela. Estas cooperativas recibieron el aporte de Senavitat y debían conceder los préstamos a los interesados en las viviendas. Rufino González, de la Senavitat, es otro acusado.
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