Juan Carlos Iglesia Duré, Luis Gustavo Insfrán Giménez, Sebastián Éver González Medina y Blas Crisóstomo Ruiz Díaz se presentaron ayer en el juzgado penal de garantías N° 9, para la audiencia de imposición de medidas.
Los tres primeros fueron asistidos por el abogado Osvaldo Bittar y el último, por Adriano Enriquez. Tal como solicitó la fiscala Delvalle, el juzgado estableció una fianza personal de 10 millones para Iglesia y de G. 15 millones para Insfrán, González y Ruiz Díaz.
Estas personas han sido imputadas junto a otras 18 personas por el supuesto uso irregular de vales de combustible.
La imputación presentada por la fiscala Alba Delvalle sostiene que el ilícito se produjo entre enero y agosto del 2013 y ocasionó un perjuicio de más de G. 1.400 millones a la Secretaría de Acción Social.
Además de los funcionarios que comparecieron ayer, también están procesados por este caso el extitular de la SAS Víctor Rivarola Medina, Carmen Elizabeth Buena Duarte, María Elena Pereira Duarte, Miguel Adolfo Valiente Doldán, Fabio Bernal Peralta, María Celeste Sandoval y Sara Diana Rolón Figueredo.
La lista continúa con Eladio Antoliano Díaz Ayala, Juan Néstor Santacruz Prieto, Félix Alcides Benítez, Fernando Sebastián Carballo, Mirko Manuel Díaz de Bedoya, Óscar Concepción Espínola Giménez, Juan Pablo Franco, Orlando César Giménez Ramírez, Jorge Daniel Saldívar Núñez, Alfredo Villamayor y Renzo Miguel Foschino Richeda.
Estas personas están vinculadas con las siguientes órdenes de compras: orden de compra N° 1/13 emitida por G. 400 millones; la N° 2/13 por G. 970.341.346 y la N° 40/13, por G. 50 millones.
La irregularidad fue detectada mediante una auditoría interna realizada, que descubrió que la “repartija” del combustible se produjo en los meses previos a las elecciones generales y además de discrepancias entre el monto asignado y al recorrido realizado, figuran como beneficiarios funcionarios que estaban de vacaciones o tenían permiso de paternidad. La fiscalía sospecha que el combustible de la SAS fue utilizado para la campaña del PLRA.
LO QUE DICE LA FISCALÍA
Según la Fiscalía, el ministro de la SAS, Víctor Raúl Rivarola Medina, habría omitido el deber que tenía de supervisar y controlar las actividades de los sectores y las Direcciones de la SAS que se ocupaban del manejo de los combustibles.
El Ministerio Público afirma que la Lic. Carmen Buena Duarte, directora Gral. de Administración y Finanzas, y la Lic. Celeste Sandoval, jefa del Departamento de Servicios Generales, habrían ocasionado perjuicio a la SAS por haber otorgado vales de combustible de forma presuntamente irregular, mientras que el economista Miguel Valiente, entonces director administrativo, no cumplió con su deber de supervisar el servicio de transporte.