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“Nunca me atendió, es una fiscala que las 24 horas está en audiencia”, denunció hace unas semanas Marta Barboza Escobar, respecto a supuestas ausencias reiteradas de la fiscala Gilvi Quiñónez, en la Barrial N° 3. La mujer impulsa una investigación por falsificación de firmas en dos juicios civiles.
A poco de asumir, el propio fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, confirmó en noviembre de 2011 la “rabona” de los agentes. De forma sorpresiva, recorrió la sede central del Ministerio Público, ubicada sobre Nuestra Señora casi Haedo, y se cercioró de que varios fiscales no llegaban a trabajar a pesar de que ya eran las 8:30.
Los fiscales adjuntos perciben sueldos que alcanzan los G. 15 millones, mientras que los agentes inferiores reciben haberes de G. 13 millones (salario más bonificación), por lo que amerita que sean indagados por las reiterativas ausencias y sancionados si están en falta.
El Poder Judicial tampoco es ajeno a esa irregularidad y la Corte Suprema de Justicia dispuso que las constituciones de los jueces se realicen partir de las 13:00. Esto, teniendo en cuenta que es la principal excusa que se esboza al no encontrar a magistrados y actuarios en su lugar de trabajo.