Indicó que, además de tener la Defensoría como función recibir e investigar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos, debería encarar tareas de prevención para proteger los derechos ciudadanos.
Para ello deberá implementar campañas de información y de educación en construcción de ciudadanía, educación cívica de los derechos de los ciudadanos ante organismos del Estado.
Su propuesta apunta también a ampliar y profundizar el concepto de derechos humanos y también hacer realidad los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, laborales y ambientales del pueblo, y no limitar la acción de la Defensoría del Pueblo en gestionar indemnizaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Agregó en este punto que las víctimas merecen mucho más que simples indemnizaciones, sino que también atenciones sicológicas, médicas y otras prestaciones humanitarias.
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También propuso que no solo se tienen que proteger los bienes públicos naturales, la seguridad ciudadana y todos los otros derechos que establece la ley, sino también cómo se utilizan los recursos públicos.
Mencionó a modo de ejemplo los recursos de royalties y del Fonacide, que deberán ser controlados y fiscalizados por defensores municipales y departamentales, a ser creados, que ayuden, junto a los vecinos, en el desempeño de obras y servicios nacionales.