Con remeras y globos de colores blancos, además de velas encendidas, unas 250 personas se movilizaron anoche en por las calles Teodoro S. Mongelós y José Asunción Flores, además de la avenida Kubitschek de la capital, para exigir mayor seguridad en el país, a raíz de los últimos asaltos perpetrados por “motochorros” contra transeúntes.
Los manifestantes, en su mayoría familiares, excompañeros de colegios y demás allegados de Liz Teresita Arzamendia Ferreira, reclamaron justicia por el asesinato de la funcionaria de Senasa, asesinada cobardemente durante un asalto perpetrado por dos “motochorros” la noche del martes último, a pocos metros de su casa, ubicada en el barrio Vista Alegre de la capital.
“Justicia para Tere”, rezaba uno de los carteles desplegados por los manifestantes durante la marcha, organizada por la Asociación de Exalumnos del Colegio Inmaculée Conception.
“Realmente ella formaba parte de esta familia de manera muy activa. Salimos a marchar por los alrededores del colegio para pedir a nuestras autoridades justicia y mayor seguridad, no solamente con el ‘¡Basta Ya!’ sino agregarle el ‘¡Empecemos Ya!’ para impulsar un cambio. La gente está cansada; necesitamos hacer algo ya y pronto”, expresó Raúl Vera, presidente de la asociación.
Antes del acto, se realizó una misa en el templo de la Inmaculée Conception, en memoria de la joven infortunada. El oficio estuvo a cargo del padre Kirthan Carlo, sacerdote de la congregación Heraldos del Evangelio.
“Hoy una parte de nuestro corazón está triturada, herida y ensangrentada por esta ofensa que se cometió. Reclamemos justicia por esta alma inocente”, afirmó el padre Carlo.
Liberan a los dos detenidos
El juez Penal de Garantías Pedro Mayor Martínez ordenó ayer la liberación de los dos detenidos por el asesinato de Liz Teresita Arzamendia Ferreira, al no encontrarse ningún elemento que los vincule al crimen.
Derlis Colmán Álvarez (18) y Carlos Javier Ortiz López (22), este último con seis antecedentes, fueron detenidos solo dos horas después del asesinato de la funcionaria de Senasa, y la fiscala Fátima Britos solo los imputó por ser “potencialmente peligrosos”.